Alberto Zuazo Nathes (*)

En por lo menos cuatro de los 10 países de Sudamérica, el periodismo está siendo víctima de una ofensiva sin precedentes, por parte de sus gobiernos. No sólo se trata de actos de intimidación, sino también de amenazas y hasta de agresiones.

De lo que se trata es de presionar a que el periodismo se adscriba a la causa imperante o, por lo menos, a transigir en la función fiscalizadora y crítica que debe cumplir. Peor todavía, resignarse a asumir la pasividad o la indiferencia ante lo que sucede en sus países, dejando de informar de manera independiente y plural.

Se ignora o se pasa por alto que el periodismo escrito, oral, visual y ahora el digital tiene la misión de informar, así como la facultad de fiscalizar y también de criticar. Estos atributos no se los esté extrayendo de la galera, sólo para aplicarlos a regímenes populistas o que se proclamen de “cambio”. Son inherentes a la naturaleza del periodismo, a la razón misma de su existencia.

No se puede concebir al periodismo sin el goce pleno de la libertad de expresión. Pero, como contrapartida, debe practicárselo con la responsabilidad y el equilibrio que amerita un servicio público de tan excepcionales potencialidades. Ambas condiciones tienen  que estar sujetas a la ética profesional.

Deplorablemente, en algunos casos se incurre en excesos, aunque de forma aislada. Sus efectos, empero, resultan ser contraproducentes. De eso se están valiendo –les sirve de pretexto- a aquellos regímenes para generalizar su hostilidad a la independencia del periodismo.

En realidad, está claro que un periodismo libre y plural les impide o por lo menos les estorba para ejercer el poder total. Por lo menos, en Venezuela y Bolivia prácticamente han acabado o están eliminando con cuanto vestigio institucional pueda existir para anteponerse a sus planes autocráticos.

Unas veces utilizan la vía electoral –aunque preñada de fraudes- para aparentar una vocación democrática. Otras, cumplen sus designios con artimañas supuestamente legales y otras, finalmente, lo hacen abiertamente, sin reparo ni pudor alguno.

Los gobernantes de turno de Ecuador y Argentina tienden a seguir los mismos tortuosos caminos. Naturalmente, con sus propias armas y circunstancias. En el trasfondo, para los cuatro gobiernos de estos países, la experiencia cubana es su paradigma.

Es de sobra conocido cuanto hace Hugo Chávez para desembarazarse de los medios de comunicación que no le son afectos, como si la función del periodismo fuera alinearse con una u otra posición política.

En Bolivia, el presidente Evo Morales, aparte de promover ingratos incidentes con periodistas, el 7 de octubre de 2009, en discurso que pronunció en un teatro de la ciudad de Cochabamba, preguntó: ¿Por qué las organizaciones de la prensa no se suman al proceso de cambio que impulsa en el país, a diferencia de otros sectores laborales” (La Razón 8/10/09).

A su vez, un editorial del diario La Prensa, de La Paz, del 12 de diciembre de 2009, expresa en su primer párrafo: “El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha volcado su artillería, otra vez, contra los periodistas, reafirmando que son sus enemigos a pesar de todo lo que hizo por ellos, quienes, por esto, debían proclamarlo a la Presidencia, como lo hicieron los demás sectores”.

El Observatorio Nacional de Medios (Onadem), en su informe “Agresiones a los periodistas y medios en el 2009”, sostiene que “El año 2009 crecieron los ataques a periodistas (82 casos en total) ejecutados por antisociales presumiblemente contratados (25,6%), los que en la mayoría de los casos actuaron contra periodistas cuando éstos se vieron solos”. Añade que, de acuerdo con un análisis de todo su banco de datos, en 26 meses de seguimiento (desde octubre de 2007) “se contabilizaron 339 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación”.

Varias de esas agresiones a periodistas fueron divulgadas en los medios de comunicación, siendo atribuidas a grupos sociales y personas adictas al oficialismo. Jamás hubo sanción contra los autores.

Razones suficientes debió tener la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) para emitir la “Declaración de Tarija”, luego de sostener su Asamblea General Ordinaria en esa ciudad, el 12 de marzo de 2010.  En la oportunidad, reafirmó su adhesión e implícitamente a defender la libertad de expresión, en los términos expresados en la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de Derechos del Hombre de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Declaración de Princiopios sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al mismo tiempo, solicitó a los órganos del Estado Plurinacional a abstenerse de elaborar y promulgar leyes que atenten contra la libertad de prensa y expresión en cualquiera de sus formas.

En Argentina, los ataques a los medios de comunicación son constantes, por parte de la pareja presidencial, de sus colaboradores inmediatos y de sus legisladores. Estos últimos, en una alianza política espuria, lograron aprobar, en octubre de 2009,  una ley que imponía regulaciones restrictivas a la libertad de expresión y de empresa en los medios de comunicación.

Tal fue el rechazo público que concitó la nueva legislación, que la justicia ordinaria, por medio de la juez Olga Pura de Arrabal, la puso en suspenso, por considerar que su tramitación parlamentaria y posterior aprobación no cumplieron los requisitos debidos, según informó el diario La Prensa, de La Paz, el domingo 7 de febrero.

En circunstancias tan adversas, el mayor compromiso que debe cumplir el periodismo es guardar lealtad y respeto al único “amo” que tiene: el lector

-espectador u oyente-, como exhortó en Bolivia el maestro del periodismo regional, Rubén Darío Restrepo (Colombia).

(*) Alberto Zuazo Nathes es Actualmente miembro del Tribunal de Ética de la ANP. Nació en la ciudad de Tarija (1931). Se inició como periodista en el diario La Nación (1952-1955), desempeñando las funciones de reportero, redactor y Jefe de Redacción. En El Diario (1955-69) trabajó como redactor, jefe de Informaciones y Jefe de Redacción; y de Subdirector (1989). En Última Hora fue Jefe de Redacción y Subdirector (1070-1982). Ha sido corresponsal de la agencia de noticias United Press Internacional-UPI (1971-1989), igualmente de Business International, que pasó a constituirse en la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist (1975-1998) y de la Oficina de Comercio Exterior del Japón-Jetro (1980-2000). Es columnista y comentarista de La Razón (1991-)

Fue secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, co-fundador de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y dos veces presidente de la Asociación de la Asociación de Periodistas de La Paz (1973-75 y 1982-85). El Congreso Nacional lo eligió como vocal de la Corte Electoral de La Paz (Sala Murillo) entre 1991-95.

Cuenta con las distinciones al “Mérito Sindical” (1970), Premio de Periodismo de la Fundación Manuel Vicente Ballivián (1978), Premio Nacional de Periodismo (1989) y las medallas “Bautista Saavedra” y “Honor al Mérito” de la Asociación de Periodistas de La  Paz.