| COMUNICADO DE ORGANIZACIONES ANDINAS DE LIBERTAD DE EXPRESIУN |
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ORGANIZACIONES ANDINAS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENAN LAS DIFUCULTADES PARA EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN VENEZUELA Las libertades de prensa y expresión son derechos humanos fundamentales garantizados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los diferentes tratados, pactos y convenidos universales y continentales suscritos por ese país, que tienen jerarquía constitucional, según lo establecido en el artículo 23 de la Carta Magna. Estos derechos son condiciones esenciales para la existencia de la democracia y para la libre circulación de opiniones e informaciones. En virtud de ello: Expresamos nuestra preocupación por el incremento de las restricciones para el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión en Venezuela, y por la intensificación de los discursos y acciones gubernamentales, que buscan ubicar a los medios de prensa como adversarios, penalizar la opinión disidente y el derecho de los ciudadanos a protestar o formular reclamos o exigencias, ante las autoridades gubernamentales. Estos hechos son contrarios a las garantías legales para el ejercicio de estos derechos. Rechazamos dos hechos recientes, parte de una escalada de limitaciones hacia la expresión de informaciones disidentes. Uno, la detención del dirigente político Oswaldo Alvarez Paz, desde el 22 de marzo de 2010, al ser acusado de los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa, luego de que señaló en el programa “Alo Ciudadano”, de la televisora privada Globovisión (el 8 de marzo de 2010), que Venezuela se había convertido en un centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico. El segundo es la detención temporal e imposición de libertad condicional contra el empresario Guillermo Zuloaga, propietario de Globovisión (el 25 de marzo de 2010), al ser acusado de divulgación de información falsa y ofensa al presidente de la República, por haber declarado en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Aruba, el 21 de marzo pasado, sobre los hechos ocurridos en Venezuela durante abril de 2002, que resultaron con la salida temporal del presidente Chávez de su cargo. Por este caso se le seguirá un juicio. Lamentamos la muerte del reportero gráfico Jorge Durán, quien formaba parte del equipo de prensa del Ministerio de Interior y Justicia, ocurrida el pasado 22 de abril de 2010 a causa de un paro cardíaco, luego de realizar una cobertura periodística ordenada por directivos del organismo, en una zona boscosa, a pocos metros de la frontera entre Colombia y Venezuela, al que tuvo que trasladarse en condiciones forzosas, junto a funcionarios militares y otros periodistas. Hay poca claridad sobre las circunstancias en la que se produjo su muerte. Familiares y amigos denunciaron negligencia por parte de las autoridades que acompañaban al periodista. Pedimos la apertura de una investigación para el pronto esclarecimiento del caso. Rechazamos también las recurrentes negativas de funcionarios públicos de ofrecer a medios de comunicación privados información de interés noticiosa sobre los asuntos que están bajo su responsabilidad, y el impedimento a estos medios de ingresar a las sedes de organismos públicos para la cobertura de los eventos informativos que se produzcan en los mismos. Estas limitaciones obstruyen el trabajo periodístico y afectan el derecho que tienen todos los venezolanos a la información. De igual forma, hemos seguido otros ataques a la prensa, registrados recientemente, derivados de amenazas y descalificaciones verbales de parte de autoridades públicas de Venezuela, que señalan a medios de comunicación y a periodistas, como adversarios del gobierno nacional, exponiéndolos a agresiones físicas y amenazas por parte de particulares. Y observamos la ejecución de actos administrativos arbitrarios, como el que produjo la salida del aire de las televisoras por suscripción de la señal de RCTV Internacional, y el que ordenó la reducción de la potencia de emisión de la emisora de radio Victoria 103.9 FM. No existe claridad sobre los argumentos legales que pretendieron validar tales medidas. Manifestamos nuestra voluntad de continuar el seguimiento minucioso de estas limitaciones informativas y de apoyar la búsqueda de los mecanismos para que cesen las restricciones y la impunidad en los casos de ataques a la prensa. Exhortamos a gobierno del Presidente Hugo Chávez a otorgar las máximas garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados, pactos y convenidos universales y continentales suscritos por su país, para que existan condiciones adecuadas, para el ejercicio pleno de las libertades de prensa y expresión; así como a propiciar el cese de hostigamiento y obstrucciones a la labor informativa por parte de autoridades públicas
Firmamos, los representantes de las organizaciones integrantes de GALI y de la Fundación por la Libertad de Prensa, FLIP-Colombia:
Juan Javier Zeballos Asociación Nacional de la Prensa, ANP- Bolivia
Gonzalo Guillén Instituto Prensa y Sociedad, IPYS- Colombia
César Ricaurte Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, Fundamedios- Ecuador
Ricardo Uceda Instituto Prensa y Sociedad, IPYS-Perú
Andrés Morales, FLIP-Colombia
Ewald Scharfenberg Instituto Prensa y Sociedad, IPYS-Venezuela
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